La Justicia federal resolvió aplicar multas diarias de 100.000 pesos al titular de la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una orden judicial vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada este miércoles 14 de octubre por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, en el marco de una causa promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional.
Según la resolución, el incumplimiento de la medida judicial justificó hacer efectivo el apercibimiento establecido el pasado 30 de septiembre y disponer la aplicación de sanciones económicas destinadas a exigir el cumplimiento de lo ordenado.
El magistrado también advirtió que el monto de las multas podría modificarse y que las medidas podrían alcanzar a otros funcionarios, dependiendo de cómo evolucione el expediente.
El conflicto judicial está relacionado con el cumplimiento del Decreto 759/2025 y la aplicación de la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Entre los principales reclamos se encuentran la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La resolución se produce en medio de las diferencias entre el Gobierno nacional y el sistema universitario por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones y las remuneraciones de sus trabajadores.
En paralelo, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar relacionada con el financiamiento universitario.
La presentación fue realizada ante los tribunales federales de Retiro y solicita investigar posibles delitos de desobediencia a la autoridad y otras conductas vinculadas con el ejercicio de la función pública.
Solano también pidió que la investigación alcance a otros funcionarios que pudieran haber participado en el presunto incumplimiento, tanto por acción como por omisión.
En su presentación, sostuvo que la orden judicial había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y que el recurso extraordinario fue desestimado por la Corte Suprema.
Aunque ambas actuaciones están relacionadas con el cumplimiento de las medidas judiciales sobre financiamiento universitario, la denuncia penal y las multas impuestas por el fuero contencioso administrativo corresponden a procedimientos diferentes.
