El inicio de un paro por tiempo indeterminado de prácticos, pilotos y baqueanos provocó este lunes una fuerte interrupción en la actividad de los principales puertos argentinos, con un impacto directo sobre las exportaciones de granos, combustibles y otras mercaderías. La medida de fuerza fue convocada en rechazo al Decreto 690/2026, que introduce cambios en el sistema de practicaje y pilotaje.
De acuerdo con el Centro de Navegación (CNAV), al menos 140 buques permanecen sin poder ingresar o salir de los puertos debido a la falta de profesionales habilitados para realizar las maniobras, lo que genera demoras en la operatoria del comercio exterior.
Entre los proyectos alcanzados por la protesta se encuentra Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). El buque de transporte pesado White Marlin, que debía intervenir en tareas relacionadas con la infraestructura submarina del oleoducto, no pudo ingresar al puerto y quedó fondeado a la espera de que se normalice la situación.
El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, impulsado por un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol, presenta un avance superior al 75% y conectará la producción de la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro, mediante un trazado cercano a los 600 kilómetros.
Frente a la paralización, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar a los prácticos para que retomen sus funciones, al considerar que se trata de un servicio público regulado. Desde el organismo advirtieron que el incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas y acciones judiciales.
Por su parte, el Centro de Navegación alertó que la medida ya ocasionó el desvío de operaciones hacia puertos de Montevideo y del sur de Brasil, además de incrementar los costos logísticos y comprometer el cumplimiento de contratos internacionales. Entre las terminales más afectadas figuran Rosario, Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.
El conflicto se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger. La norma crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval, flexibiliza el ingreso de nuevos profesionales, habilita la libre contratación del servicio y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación establezca tarifas máximas.
Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca promover la competencia y reducir los costos logísticos, los trabajadores del sector afirman que los cambios pueden afectar la seguridad de la navegación y reclaman la apertura de una instancia de diálogo.
La protesta también coincide con un escenario de menor ingreso de divisas del complejo agroexportador. Según datos de CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales, durante julio se liquidaron 2.918 millones de dólares, un 3% menos que en junio y un 28% por debajo del mismo mes del año pasado, en un contexto de expectativas moderadas para las exportaciones del resto de 2026.
