Ocde plantea subir la edad de pensión, ampliar el IVA y eliminar subsidios por estratos en Colombia

2026-11-22 15:48:21 - MUNDO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, presentó oficialmente su informe de estudios económicos para Colombia y planteó al Gobierno que, en los próximos cuatro años, debe implementar una serie dereformas sociales y tributarias. Entre las principales recomendaciones están aumentar la edad de pensión, ampliar la base gravable del IVA y eliminar los subsidios asignados por estratos, con el objetivo de mejorar la situación fiscal y reducir la deuda pública.

El informe señaló que estas medidas son clave para hacer frente a los riesgos fiscales que ya están limitando el margen de acción de la política económica. Por eso, destacó que una consolidación fiscal creíble permitiría disminuir la prima de riesgo, mejorar las condiciones financieras y sustentar una senda de crecimiento más equilibrada.

Aunque reconoció que algunas de estas medidas pueden ser impopulares, la Ocde resaltó la necesidad de realizar un ajuste fiscal ambicioso para evitar que la deuda continúe aumentando en el mediano plazo. "Recuperar la credibilidad fiscal reduciría las primas de riesgo y los costos de financiamiento, y aliviaría la carga sobre la política monetaria", señaló el informe.

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El panorama fiscal ayuda a dimensionar la urgencia de estos cambios. Las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf,apuntan a que la deuda neta del Gobierno Nacional Central pasaría de 58% del PIB a 60% en 2026 y podría llegar a 67% si no se adoptan medidas adicionales, un nivel cercano al límite de sostenibilidad estimado en 71%. A esto se suma un déficit fiscal que podría alcanzar 9,5% del PIB y un déficit primario de 4,5%.

En ese contexto, el organismo ha insistido en la necesidad de un ajuste del gasto público. Mientras la propuesta contempla un recorte de $35 billones, el escenario que considera viable se ubica en cerca de $30 billones. La Ocde coincide en que recuperar la credibilidad fiscal es fundamental para reducir lasprimas de riesgo y los costos de financiamiento, y advierte que mantener los desequilibrios limitaría aún más el margen de maniobra del Gobierno.

De hecho, alertó que el crecimiento del PIB real se reduzca de 2,6 % en 2025 y 2026 a alrededor de 2,1 % para el próximo año, mientras que la tasa de desempleo, que se situó en 8,5% para 2026, podría llegar a 8,8% para el próximo año.

En su informe previo, la Ocde explicó que, si bien el crecimiento económico nacional ha estado respaldado por el consumo público, además de niveles históricamente bajos de desempleo, fuertes remesas, ingresos por turismo y una política fiscal expansiva, afirma que la inversión se ha mantenido débil pese a mostrar señales de recuperación en el primer semestre de 2026, debido a la elevada incertidumbre y los altos costos de financiamiento, por lo que prevé una caída de 10,3 % a 3,4 % en el consumo del gobierno nacional.

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Subir e igualar la edad de pensión

La Ocde identificó uno de los puntos más vulnerables de la sociedad colombiana: el rápido envejecimiento de la población. Advirtió que la población en edad de trabajar alcanzará su nivel máximo a comienzos de la década de 2040, mientras que la tasa de dependencia de los adultos mayores se duplicará en el transcurso de una generación.

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En ese sentido, las proyecciones indican que la población en edad de trabajar continuará expandiéndose durante unos 15 años y alcanzará su punto máximo hacia 2043, cuando se ubicará aproximadamente 6% por encima de su nivel de 2026. Después de ese momento, comenzará un descenso sostenido.

Por eso, la organización recomendó implementar reformas pensionales con anticipación. Si bien Colombia ya está experimentando un cambio demográfico, este todavía es menos pronunciado que en otros países de la Ocde. Actualmente, el país cuenta con alrededor de 17 personas de 65 años o más por cada 100 personas en edad de trabajar, frente a un promedio de 34 en los países que integran la organización.

La Ocde destacó que es clave avanzar en una nueva reforma pensional, más allá de la aprobada en 2024 y que entrará en vigencia en 2027. Entre los ajustes propuestos está modificar gradualmente los parámetros del sistema, pues considera que las edades legales de jubilación en Colombia son bajas, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, frente al aumento de la esperanza de vida. Esto contribuye a incrementar las presiones sobre el gasto pensional y limita la acumulación de derechos pensionales adecuados a medida que se acelera el envejecimiento de la población.

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"Aumentar gradualmente las edades legales de jubilación, igualándolas entre mujeres y hombres, y vincular los ajustes futuros a la esperanza de vida", recomendó el informe.

Reajustar el mercado laboral

Junto con esas medidas, la organización planteó atender otros puntos clave del mercado laboral colombiano, entre ellos la informalidad, que actualmente se ubica en 55%, así como los costos no salariales y el salario mínimo.

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Si bien el informe establece quela informalidad se redujo de 60% en 2020 a 55% en 2025, advierte que más de la mitad de los trabajadores colombianos aún no cuenta con prestaciones sociales ni protección legal.

"Reducir el costo de la formalidad para los trabajadores de salarios bajos, haciendo progresivos los impuestos sobre la nómina y las contribuciones a la seguridad social, y anclar los ajustes del salario mínimo en evaluaciones técnicas independientes sobre la productividad y las condiciones del mercado laboral, para apoyar el empleo formal, en particular entre los trabajadores poco calificados, las mujeres y los jóvenes", señaló el estudio.

Por ello, la organización resaltó que uno de los aspectos que se deben revisar para cambiar este panorama son los costos laborales. Según las estimaciones citadas en el informe, formalizar a un trabajador informal equivalía aproximadamente a 80% del salario medio de un trabajador informal en 2023. Este costo está impulsado, en gran medida, por los impuestos a la nómina, los aportes parafiscales y las cotizaciones a la seguridad social.

Además, destacó que la fijación del salario mínimo debe tener en cuenta evaluaciones técnicas independientes sobre la inflación, la productividad y el posible impacto de los ajustes en el empleo informal.

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Ampliar la base gravable del IVA

La Ocde señaló que otra medida clave para atender la situación fiscal es ampliar la base gravable del IVA y reducir la dependencia del recaudo proveniente de las empresas. El informe determinó que el impuesto de renta corporativo recaudó cerca de 5% del PIB, equivalente a un tercio de todos los impuestos y más del doble del promedio de la Ocde. En contraste, el impuesto de renta de personas naturales apenas representa 1,6% del PIB, 7,3% del total, y solo alrededor de 5% de los colombianos lo paga.

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Por ello, recomendó limitar los beneficios del IVA a una canasta reducida de bienes y servicios esenciales y compensar a los hogares vulnerables mediante transferencias monetarias directas.

El informe destacó queel proyecto de Ley de Rescate Económico va en esa dirección, al proponer ampliar la base del IVA e introducir, desde 2028, el mecanismo EfectIVA, que devolvería el impuesto a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad mediante un cálculo basado en las facturas electrónicas.

Además, señaló que la tarifa legal de renta empresarial en Colombia es de 35%, una de las más altas de la Ocde, y que, con las sobretasas sectoriales —financiero, extractivo y telecomunicaciones—, llega o supera 50%. Sin embargo, las grandes empresas terminan pagando tarifas efectivas mucho menores gracias a las exenciones y los beneficios de las zonas francas, que, según las evaluaciones citadas, tienen un bajo impacto real en la inversión y el empleo.

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Por eso, sugirió reducir gradualmente la tarifa corporativa hasta 30%. La Ley de Rescate Económico propone bajarla a 33% en 2027 y a 31% en 2028. También recomendó eliminar las exenciones ineficientes, armonizar y reducir la dispersión del impuesto municipal de Industria y Comercio (ICA), que grava los ingresos brutos en cascada, y reformar el régimen Simple mediante una reducción de su límite de ingresos, para evitar que se beneficien empresas medianas que ya estaban formalizadas. Según el informe, 42% de los inscritos en este régimen ya contaba con RUT.

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La Ocde recordó que actualmente la obligación de declarar renta comienza en ingresos altos, cercanos a 3,7 veces el salario mediano, y que los contribuyentes empiezan a pagar una tarifa efectiva desde 2,9 veces ese salario. Además, los contribuyentes de mayores ingresos pueden excluir una parte importante de sus rentas mediante exenciones a las pensiones y las ganancias ocasionales.

Por ello, también recomendó reducir gradualmente los umbrales para declarar y pagar renta, disminuyendo la tarifa de entrada actual de 19% para suavizar el ingreso al sistema. A esto se suma avanzar hacia una declaración universal obligatoria, con formularios prediligenciados por la Dian, y recortar las exenciones aplicables a las pensiones altas y las ganancias ocasionales.

El estudio señaló que la Ley de Rescate Económico propone reducir el umbral de pago de 5,1 salarios mínimos mensuales a cerca de 2,9 salarios mínimos, lo que alcanzaría a alrededor de 8,5% de los asalariados de mayores ingresos, e introducir una tarifa marginal inicial de 9%.

Adicionalmente, pidió actualizar los avalúos catastrales para elevar el recaudo del impuesto predial, aumentar los impuestos saludables —que gravan productos como el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas— y elevar la tributación sobre las plataformas de juegos de azar en línea, una medida que podría aportar 0,2% del PIB.

Eliminar los estratos para los subsidios

Otro frente clave en el que la Ocde pidió revisar el gasto social es su nivel de regresividad y las filtraciones que terminan beneficiando a quienes no lo necesitan. Según estimaciones de Fedesarrollo citadas en el informe, más de 80% del gasto en subsidios a los servicios públicos domiciliarios, cerca de 90% de los subsidios pensionales y más de 90% de los subsidios de vivienda llegan actualmente a hogares que no son pobres.

En el caso específico de los subsidios de energía y gas, el organismo señaló que el problema está en que se asignan mediante el sistema de estratificación socioeconómica residencial, un esquema que evalúa las características físicas de la vivienda y su entorno, pero no los ingresos reales de las familias que la habitan.

"Reemplazar este sistema de clasificación residencial por una focalización basada en el ingreso, como en las transferencias sociales, podría reducir el número de hogares beneficiarios en 56% y disminuir el gasto en cerca de 0,2% del PIB, preservando al mismo tiempo el apoyo a los hogares vulnerables", recomendó el documento. Para lograrlo, plantea cruzar información del Sisbén IV, el Registro Social de Hogares y el Registro Universal de Ingresos.

A esto se suma el llamado a mejorar la focalización de programas de transferencias monetarias como Renta Ciudadana. Aunque el estudio valora la unificación de estos apoyos, advirtió que más de 30% de sus recursos termina en hogares no pobres. Corregir esos errores de inclusión mediante recertificación automática y cruces con datos tributarios permitiría ahorrar hasta 0,4% del PIB.

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De igual manera, pidió auditar programas de vivienda como Mi Casa Ya para evitar que los subsidios lleguen a hogares con capacidad de pago crediticia y concentrarlos en los grupos más vulnerables del Sisbén.

Desmontar el subsidio al diésel y recortar rigideces del Estado

Finalmente, puso sobre la mesa la necesidad de reducir las rigideces del presupuesto nacional. Calculó que cerca de 90% del gasto primario del Gobierno central es inflexible en el corto plazo, debido a mandatos constitucionales y legales relacionados con pensiones, salud, nómina y transferencias regionales. Esto provoca que, ante la falta de recursos, los recortes recaigan casi siempre sobre la inversión pública, que cayó de 2,7% del PIB en 2019 a 1,7% en 2025.

En ese diagnóstico, el informe recordó que la nómina pública creció 32% entre 2019 y 2025, hasta alcanzar 2,8% del PIB. También advirtió que el incremento de 23% en el salario mínimo para 2026 añade presiones fiscales de al menos $5,3 billones (0,3% del PIB) este año y $8 billones (0,4% del PIB) anuales a partir de 2027.

Además, citando cálculos del BID, señaló que las ineficiencias del gasto público representan hasta 4,8% del PIB y que mejorar la eficiencia en los sectores financiados por el Sistema General de Participaciones, SGP, permitiría liberar entre 0,8% y 0,9% del PIB.

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Por ello, una de las recomendaciones más urgentes es completar la eliminación gradual del subsidio al diésel (Acpm). El estudio explicó que, mientras los subsidios a la gasolina se desmontaron entre 2023 y 2025, el precio del diésel sigue muy por debajo de la referencia internacional y explica la mayor parte del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, que podría costar cerca de 0,6% del PIB en 2026 si se aplazan los ajustes.

La sugerencia es aplicar una fórmula automática y transparente para nivelar su precio y compensar de manera focalizada únicamente a los sectores vulnerables afectados.

En paralelo, el organismo advirtió que, tras la reforma constitucional de 2024 que aumentó las transferencias del SGP a las regiones, es indispensable aprobar una Ley de Competencias que establezca con claridad las responsabilidades de gasto que se trasladarán junto con los recursos. De lo contrario, se duplicarían funciones y el costo fiscal adicional podría llegar a 0,5% del PIB anual.

Para cerrar el paquete de austeridad, recomendó racionalizar la planta de personal y los contratos de prestación de servicios, medidas que ya están contempladas en el proyecto de Ley de Rescate Económico, crear comisiones técnicas independientes que revisen anualmente el gasto, siguiendo el modelo de Chile, y aprobar una ley de protección a denunciantes de corrupción. También pidió reforzar la vigilancia sobre las regalías ante las irregularidades detectadas por la Contraloría.