De 77 países analizados por la Comisión de Venecia, solo uno ha dado marcha atrás en el voto desde el exterior: Georgia. El resto avanza, unos más rápido que otros. La pregunta incómoda es en qué grupo está México.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa adoptó, en su 148ª sesión plenaria (9 y 10 de octubre de 2026), su informe actualizado sobre el voto en el extranjero (CDL-AD(2026)029), que antes había aprobado el Consejo para las Elecciones Democráticas de la propia Comisión en su 88ª reunión.
El documento, elaborado a solicitud de ese Consejo, actualiza el informe de 2011 y se construyó con base en los comentarios de las personas relatoras: Regina Kiener (Suiza), Saša Zagorc (Eslovenia), Dainius Žalimas (Lituania) y un servidor (por México).
Su propósito es examinar la evolución del voto extraterritorial en las democracias constitucionales ante realidades apremiantes como la mayor movilidad ciudadana, los avances tecnológicos y los nuevos riesgos para la integridad electoral.
En quince años, desde el informe de 2011, el panorama ha cambiado sustancialmente. La globalización y la tecnología facilitan mantener vínculos políticos con el país de origen e impulsan una tendencia favorable a ampliar o facilitar el voto desde el exterior.
El informe analiza 77 países: 64 Estados miembros u observadores de la Comisión —México entre ellos— y 13 latinoamericanos que no lo son. Entre sus hallazgos más relevantes destaca que solo 7 países no permiten el voto extraterritorial y otros 4 lo restringen a categorías muy limitadas. El único caso documentado de abolición de este derecho es el de Georgia (2025).
El informe constata que persisten desafíos operativos para los organismos electorales: el registro, la prevención del fraude y del doble voto, la fiabilidad de los métodos remotos y la logística transfronteriza.
Sin embargo, esas dificultades no frenaron la reflexión sobre las reglas que permiten a los ciudadanos residentes en el extranjero votar en las elecciones de su país de origen sin regresar a él. A mi juicio, ese voto debe concebirse como un derecho fundamental cuyo reconocimiento en los ordenamientos jurídicos no es negociable.
Como miembro del grupo de relatores, nuestras aportaciones se centraron en la actualización sistemática del análisis comparado y en orientaciones más precisas para la consagración internacional y constitucional del voto extraterritorial.
A diferencia del informe de 2011, incorporamos consideraciones sobre los riesgos de interferencia extranjera, el financiamiento ilícito y pautas sobre las campañas digitales dirigidas a la diáspora. Confirmamos la tendencia expansiva del derecho y precisamos que el registro activo es legítimo siempre que no imponga cargas excesivas ni genere tratos diferenciados injustificados.
Para dotar al derecho de garantías institucionales, consideramos necesario fijar criterios claros, verificables y objetivos para la asignación de los votos emitidos en el exterior, que excluyan la discrecionalidad y el riesgo de arbitrariedad, así como definir circunscripciones exclusivas para la diáspora, sujetas a revisiones periódicas para que no afecten desproporcionadamente la igualdad del voto.
Sobre las modalidades remotas, subrayamos la necesidad de salvaguardias específicas para las herramientas digitales y electrónicas, y señalamos los desafíos de la observación electoral en el exterior.
Además, la relatoría mexicana que represento aportó investigación adicional sobre los sistemas latinoamericanos de voto en el exterior, incluidos los de países que no son miembros ni observadores de la Comisión. Esa labor enriquece sustancialmente el análisis comparado con los fundamentos constitucionales y legales de la región, así como con su experiencia en materia de registro, modalidades de votación y vías de control judicial.
También incorporamos al debate europeo criterios jurisprudenciales mexicanos que trazan una ruta progresiva, aunque todavía insuficiente, en este terreno.
El informe resulta particularmente importante para México, porque sus conclusiones apuntan a una expansión decisiva del voto desde el exterior, y nuestra diáspora es enorme: más de 11 millones de personas nacidas en México residen fuera del país, alrededor del 96% de ellas en Estados Unidos, según el Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.
Por ello, recomiendo su lectura atenta como documento de referencia para nuestro propio debate nacional, cuya evolución no admite más demora: la amplia comunidad mexicana en el exterior debe contar con todas las condiciones para ejercer este derecho fundamental de manera plena, universal e igualitaria.
La diáspora mexicana sostiene con sus remesas cerca del 4% del PIB. Es momento de que su voto pese tanto como su dinero.
