Mariano Rivera, de 31 años, murió el martes 20 de octubre mientras permanecía internado en grave estado en el Hospital Castro Rendón. Había recibido un disparo en la cabeza el lunes 12, cuando circulaba en una camioneta por el barrio Vista Hermosa de Centenario. Por el hecho hay un hombre detenido e imputado, y la calificación legal de la causa deberá modificarse tras el fallecimiento.
El ataque ocurrió cerca de las 8, en la zona de las calles Santa Teresa de Jesús y Cuba. Rivera viajaba en una Toyota Hilux junto a otro hombre cuando recibió el disparo. Debido a la gravedad de su estado, los profesionales del hospital no pudieron realizarle una intervención quirúrgica. Finalmente, murió ocho días después del episodio.
La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, había formulado cargos contra un hombre de 36 años, de nacionalidad chilena e identificado por sus iniciales como H.E.A.C., por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Tras la muerte de Rivera, la calificación legal deberá ser revisada en función del resultado del ataque.
De acuerdo con la teoría de la fiscalía, el imputado habría disparado al menos tres veces contra la camioneta en movimiento. Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza de la víctima.
Según la investigación, antes del episodio el imputado había mantenido una discusión con uno de los hombres. Cuando este se retiraba del lugar en una Toyota Hilux, acompañado por un amigo, H.E.A.C. lo habría seguido a pie y efectuado al menos tres disparos contra el vehículo.
Tras recibir el impacto en la cabeza, Rivera perdió el conocimiento y el control de la camioneta, que terminó chocando contra el paredón de una vivienda. Durante las tareas posteriores, efectivos policiales encontraron drogas, dinero y teléfonos celulares en el interior de la Hilux.
La fiscal Inaudi solicitó un plazo de cuatro meses para completar la investigación. Entre las medidas pendientes mencionó el análisis de registros de cámaras de seguridad y la apertura de uno de los teléfonos secuestrados.
El juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación por ese período. Además, dispuso que el imputado permanezca durante dos meses bajo detención domiciliaria, con monitoreo electrónico y una consigna policial permanente hasta que la tobillera esté instalada y en funcionamiento.
