El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir el próximo 5 de septiembre y, ante su entrada en vigencia, la Defensa Pública de Neuquén ya definió los criterios que orientarán su aplicación en la provincia.
La Defensora General, Vanina Merlo, dictó una resolución que reafirma la vigencia de los principios establecidos por la Ley Provincial 2302 y pone el foco en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El documento establece que las intervenciones deberán priorizar el interés superior del niño, la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y un enfoque restaurativo. También plantea que, siempre que sea posible, deberán promoverse alternativas a la judicialización de los conflictos, de acuerdo con las normas constitucionales y convencionales y con la legislación provincial.
El objetivo es que las situaciones que involucren a adolescentes no sean abordadas exclusivamente desde una respuesta penal, sino considerando también sus derechos, el contexto y las circunstancias particulares de cada caso.
El nuevo régimen nacional fue establecido por la Ley 27.801 y regula la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 18 años. Frente a su implementación, la resolución de la Defensa General fija lineamientos para las actuaciones del Ministerio Público de la Defensa en todo el territorio neuquino.
“La Defensa Pública reafirma la necesidad de sostener una mirada especializada, integral y centrada en derechos”, sostuvo Merlo, al remarcar la continuidad del sistema de protección vigente en la provincia.
Neuquén cuenta desde 1999 con la Ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que incorporó los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y estableció un modelo especializado e interdisciplinario para intervenir en situaciones que involucren a menores de edad.
De acuerdo con la resolución, la Ley 2302 continuará vigente en aquellos aspectos que no se opongan al nuevo régimen nacional. Sus disposiciones seguirán orientando el trabajo de las Defensorías de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y de la Defensa Penal del Niño.
Uno de los principales lineamientos definidos por el Ministerio Público de la Defensa es que cada intervención considere especialmente el interés superior y la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La perspectiva restaurativa busca que la respuesta frente a un conflicto no quede limitada al castigo penal y contempla la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos cuando las características del caso lo permitan.
Las Defensorías deberán analizar cada situación de manera individual, tanto cuando una persona adolescente sea imputada como cuando una persona menor de edad sea víctima de un delito.
Para determinar la intervención correspondiente se tendrán en cuenta el interés superior y las facultades previstas en las leyes provinciales 2302 y 2892, esta última correspondiente a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa.
De esta manera, la entrada en vigencia del régimen nacional se articulará con el sistema de protección provincial que Neuquén mantiene desde hace más de dos décadas, con especial énfasis en la defensa especializada y en una respuesta integral frente a las situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes.
