La Justicia de Neuquén decidió mantener el secuestro de un camión vinculado a la investigación por presuntas contrataciones direccionadas en la Municipalidad de Plottier durante la gestión del exintendente Luis Bertolini.
La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de la investigación, luego de que la defensa de uno de los empresarios imputados solicitara dejar sin efecto la medida que pesa sobre el vehículo.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli se opuso al pedido y sostuvo que el camión podría haber sido utilizado en las maniobras que son objeto de investigación. Además, señaló que el vehículo podría quedar alcanzado por un eventual decomiso en caso de que se produzca una condena.
La jueza Álvarez rechazó el planteo de la defensa y resolvió mantener el pedido de secuestro. Sin embargo, aceptó una alternativa propuesta por la Fiscalía que permitirá al empresario continuar utilizando el rodado bajo determinadas condiciones judiciales.
Según explicó Vignaroli durante la audiencia, el vehículo podrá quedar inicialmente a disposición de la investigación para realizar las medidas que sean necesarias. Luego, el propio empresario podría ser designado como depositario judicial y continuar utilizando el camión, aunque permanecerá sujeto al control de la Justicia.
La medida se enmarca en una investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos que busca determinar si durante la gestión municipal de Bertolini funcionó un esquema destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores.
La causa alcanzó en abril al exintendente, a la exsubsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez y a dos empresarios identificados como P.V. y M.L., quienes fueron imputados por la Fiscalía.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se habrían producido distintas intervenciones deliberadas en procesos administrativos con el objetivo de beneficiar a determinados proveedores de la Municipalidad de Plottier.
La investigación detectó al menos 160 contratos por un monto superior a 2.300 millones de pesos. Según la acusación, los mismos proveedores eran invitados de manera reiterada a presentar cotizaciones y finalmente resultaban adjudicatarios.
La Fiscalía también señaló posibles irregularidades en los procedimientos, como la falta de publicidad de las contrataciones, el incumplimiento de requisitos mínimos respecto de la cantidad de oferentes y la utilización de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia.
A estas situaciones se suman adjudicaciones que, según los investigadores, no contarían con fundamentos suficientes y pagos efectuados sin documentación que permitiera acreditar la recepción de los bienes o servicios contratados.
La acusación sostiene que los imputados habrían cumplido diferentes funciones dentro de una maniobra coordinada. Los funcionarios públicos habrían intervenido en las decisiones administrativas y en el circuito de contratación, mientras que los empresarios habrían participado en las adjudicaciones y en el movimiento económico derivado de esas operaciones.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que los empresarios P.V. y M.L. fueron señalados como partícipes necesarios.
La investigación continúa en curso y el camión permanecerá bajo control judicial como parte de las medidas destinadas a preservar elementos que podrían ser relevantes para determinar cómo funcionó el esquema de contrataciones que se encuentra bajo investigación.
